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¿Qué hacer con los que no quieren acatar las medidas por el confinamiento?

28 abril, 2020

En todo el mundo hay personas que se niegan a confinarse o tomar sana distancia y su irresponsabilidad sólo está logrando que todo el sistema colapse. Pero ¿qué se puede hacer con ellos?

La pandemia que hoy tiene al mundo semiparalizado ha dividido a las poblaciones urbanas en cuatro grandes grupos: 1) los privilegiados que han acatado las medidas de confinamiento porque pueden suspender sus labores o trabajar desde casa sin mayor problema; 2) los que, aunque quisieran, no las han podido acatar pues su precaria situación económica se los impide; 3) los privilegiados que perfectamente pudiendo confinarse, han decidido seguir su vida tan normal como antes (provocando, entre otras cosas, que el confinamiento de todos los demás se alargue); y 4) las personas que el resto de la humanidad necesitamos que sigan trabajando, incluso con más esfuerzo que antes porque de ellos depende nuestra supervivencia como sociedad: personal médico, de limpieza, de transporte, de la industria alimentaria, etcétera; todo lo que se conoce como “actividades esenciales”.

De todos ellos, es el grupo 3 el que provoca que, en distintas partes del mundo, haya voces que pidan medidas autoritarias que atentan contra las garantías individuales. El catálogo de posibles medidas extremas de vigilancia y coerción va desde el uso de datos electrónicos de teléfonos inteligentes para monitorear el movimiento de personas con nombre y apellido, hasta el uso desmedido de la fuerza policial o militar en contra de quienes violen las reglas del encierro. 

No es poca cosa incrementar los poderes del Estado para imponer “medidas extraordinarias” bajo pretexto de una emergencia sanitaria. Es mucha la tentación de los grupos en el poder (económico, político, religioso, ideológico) de afianzar su permanencia al mando y extender el alcance de sus privilegios, con la aplicación discrecional de estas medidas. Una vez instauradas, es cuestión de tiempo para que deriven en la eliminación de los opositores. Es una manera de legalizar el asesinato, la tortura y la desaparición forzada bajo pretextos tan difusos como que algún enemigo del Estado rompió con el confinamiento obligatorio. Esto ha sucedido antes en la historia, estaba sucediendo en muchos países antes de la pandemia, y perfectamente podría suceder ahora en gobiernos que aún no han hecho uso explícito de esta clase de exterminio.

En México hay voces en uno y otro bando del espectro político que claman por la instauración de un orden totalitario. En algunas entidades federativas, ya se comienzan a aplicar medidas de coerción para mantener a la gente encerrada en sus casas. Podría pensarse que es el miedo al contagio el origen de estas solicitudes de mayores poderes al Estado. Puede incluso justificarse que es por el bien público y que estas medidas son de corto plazo, en lo que se controla la epidemia de covid-19. Sin embargo, hay que ver con cuidado el alcance de estas soluciones.

De la ley del mínimo común denominador a la dictadura

Cuando se trata de imponer orden en la heterogeneidad de la población, se aplica siempre la ley del mínimo común denominador. Pongamos, por ejemplo, las medidas de seguridad en los aeropuertos. Los oficiales de vigilancia aeroportuaria tienen la encomienda de ver a todas las personas como potenciales terroristas, traficantes, tratantes de personas y contrabandistas. Es decir, que a todos los individuos los someterán a un mismo mínimo común denominador: el de los criminales.

Los arcos de seguridad, las revisiones, los protocolos y la vigilancia permanente pretenden evitar que personas peligrosas aborden las aeronaves. No se van a poner a averiguar las credenciales morales de cada incauto que deambula por las salas de la terminal aérea. Más bien, buscan dificultar que se cometan actos de lesa humanidad. Si alguien hace algo mínimamente sospechoso, como dejar una maleta por descuido, será detenido y sometido por la fuerza si es necesario.

Por supuesto, pese a todas las medidas de seguridad, las personas u organizaciones que quieran cometer un delito, tarde o temprano encontrarán la manera de burlar los filtros. Esto provocará a su vez que los filtros aumenten su nivel de impenetrabilidad; pero siempre hay maneras, si bien mucho más sofisticadas, de romper los cercos.

El modo más directo, eficiente y exitoso de romper el cerco del mínimo común denominador es pertenecer a la élite que impone los filtros de exclusión y coerción. El uso selectivo de estas facultades es el síntoma definitorio del estado totalitario, del fascismo instaurado.

Hay que ver quiénes son las personas que con más urgencia están pidiendo la aplicación de medidas extraordinarias, y qué encierra su “miedo” al contagio. No es coincidencia que tiendan a considerarse moral, racial, educativa y socioeconómicamente por encima de las personas a las que quieren contener. Es posible, eso sí, que no sean del todo conscientes de su postura: luego de toda una vida de estar “por encima de”, creen que ese es el orden “natural” de las cosas.

El problema de los polizones (y peor, de los poderosos que abusan)

El hecho es que, incluso sin poner en peligro las garantías individuales, las personas del grupo 3 están causando un daño al tejido social al no respetar la cuarentena cuando perfectamente estarían en condiciones de hacerlo. Como dije al inicio, es gracias a su irresponsabilidad que la cuarentena se alargue. En la medida en que ellos se exponen al contagio, y se contagien, se satura la capacidad del sistema de salud y todos salimos perdiendo.

En toda dinámica social hay personas así. Son los que se meten en la fila; los que roban; los que se saltan los semáforos en rojo; los que aceptan sobornos; los que entran al cine sin pagar boleto; los que copian en el examen; los que viajan sin pagar pasaje; los que no aplican vacunas a sus hijos; los que viven de nuestros impuestos para enriquecimiento propio; los que desperdician el agua; los que talan áreas naturales protegidas; los que consumen drogas que compran al crimen organizado (pero se quejan de la inseguridad). Se les conoce como “polizones” y son todo un campo de estudio. En la planeación de políticas públicas se debe tomar en cuenta un cierto porcentaje de la población que vivirá a expensas del resto. Sin embargo, cuando ese porcentaje supera el punto de equilibrio, el sistema se viene abajo.

Situaciones como la presente pinta a estos sujetos de cuerpo entero. Pensemos en un Ricardo Salinas Pliego, que escudado en una supuesta “libertad de prensa” impone a los comunicadores de TV Azteca una agenda que contradice las medidas sanitarias por medio de argumentos que ningún país del mundo civilizado está aplicando. Mucho menos con un sistema de salud tan precario como el nuestro. Es un verdadero líder del grupo 3 y gracias a su visión netamente neoliberal, donde solamente el capital es lo que importa, ayudará a incrementar el índice de contagios, alargará para todos el periodo de cuarentena, y se saldrá con la suya. Cuando enferme él o alguien de su círculo cercano, exigirá y pagará cuidados de primera a expensas del resto de la población porque se asume privilegiado. Personas como él son, en última instancia, los que llevan a que nos traten a todos como sólo ellos lo merecerían: bajo el mínimo común denominador.

 

 

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Felipe Soto Viterbo (Twitter: @felpas) es novelista, editor, consultor narrativo para Vixin Media y director de Etla, despacho de narrativa estratégica.

 



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28 abril, 2020
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